Ciren en la Prensa

09 / 07 / 2019

Columna de opinión: “Poco de lo bueno”

Ciren en la Prensa

Columna de opinión del ingeniero agrónomo y jefe de la Unidad de Agroclima de CIREN, Horacio Merlet.
Revista Mundoagro.

En Chile existen cerca de cinco millones de hectáreas de suelo arable (cultivable), lo que representa el 6% de la superficie continental del país. De estas, sólo un poco más de 764 mil hectáreas suponen territorios sin limitaciones, es decir, relativamente planos, profundos y sin pedregosidad. Una cifra baja, en circunstancias que sólo nuestra fruticultura ocupa 321.590 hectáreas, correspondiente al 42% de este tipo de suelos que existen en el país. Esto evidentemente obliga a pensar que, para el desarrollo de este rubro productivo tan importante para nuestras exportaciones, se están ocupando suelos no aptos, lo que se traduce en una merma de la calidad o aumento del costo de producción.

Para saber si los suelos son agrícolas y se pueden cultivar, existen diversas metodologías; desde sistemas de clasificación orientados a organizar el conocimiento científico, algunos relacionados con los procesos de génesis e interacciones entre sus componentes y con el medioambiente que los rodea, hasta sistemas interpretativos relacionados con la predicción de su comportamiento e identificación de su mejor uso o estimación de su productividad.

En nuestro país se usa la clasificación por Clase de Capacidad de Uso que, en su concepción más amplia, representa la habilidad de los suelos para soportar distintos cultivos, en forma sustentable y sin presentar riesgos de degradación. Dicho en otras palabras, es una clasificación técnica e interpretativa basada en sus características permanentes que tiene por objeto agruparlos en clases, en función de las dificultades y riesgos de deterioro que se pueden presentar al usarlos.

Este sistema contempla ocho niveles, ordenados en números romanos del I a VIII, de los cuales, las primeras cuatro clases (I a IV) corresponden a suelos arables o que se pueden cultivar. Las siguientes cuatro (V a VIII) se consideran no arables, es decir, que no se pueden cultivar sin provocar un deterioro importante. Según un estudio del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, publicado en 2013, solo un 0,15% del total país corresponde al nivel I, en el otro extremo, un 18,78% pertenece a la clase VIII.

Un ejemplo de lo anteriormente mencionado es lo registrado durante la temporada agrícola 2017-2018 en la Región de Valparaíso. Según el estudio Evaluación del Impacto de la Disponibilidad Hídrica en la actividad agrícola regional, realizado recientemente por CIREN en conjunto con la Seremi de Agricultura, durante este período se regaron 100.848 hectáreas, de las cuales 16.857 correspondieron a suelos no arables, con pendientes mayores a 15% y una Clase de Capacidad de Uso identificados como VI o VII. Para esta región, con cultivos principalmente de paltos, se requirieron altas inversiones en tecnificación del riego y en el manejo del suelo.

La escasez de buenos suelos en nuestro país se ve agravada con la situación de deterioro que están sufriendo. En el Informe Anual de Medio Ambiente (INE, 2016) basado en el estudio realizado por CIREN, 2010, se indica que la erosión es uno de los problemas más importantes que afectan a los suelos chilenos y que, si bien tiene causas naturales, también es generada por la intervención humana, sin considerar la urbanización y la contaminación. Tal informe indica que en la Región de Coquimbo el 84% de los suelos presentan algún grado de erosión, la Región de Valparaíso un 57% y la Región del Libertador Bernardo O’Higgins un 52%.

A lo anterior, se debe agregar el efecto de la expansión urbana, con un importante desarrollo inmobiliario en las principales ciudades del país implementados casi exclusivamente sobre suelos agrícolas de la mejor calidad. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió en la Región Metropolitana: si en 1970 tenía una superficie urbana de 18.695 ha ubicadas principalmente en lo que denominamos el Gran Santiago, disponiendo de una superficie agrícola de 50.436 ha, al 2001 y según un estudio de la PUC, el terreno urbano llegó a 57.105 ha, sumándose luego otras 9.845 ha. con la modificación del PRMS 100.

Con todo esto, ¿podremos seguir siendo una potencia agroalimentaria o, por lo menos, continuar siendo competitivos considerando que, según FAO, tenemos la menor proporción de tierras agrícolas entre los países de América del Sur?

Mediante algunos programas de fomento del Ministerio de Agricultura se hacen importantes esfuerzos para mejorar los suelos del país. El Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados, ejecutado durante el período 2014-2016, benefició a 7.624 agricultores logrando recuperar el potencial productivo de 248.970 ha, sin embargo, esto no es suficiente. Se hace necesario avanzar en una política de ordenamiento territorial, que valore no sólo el papel que juega el suelo como factor de producción en la actividad económica de la agricultura, sino que también como un recurso natural escaso en el país.

Fuente y más información en Mundoagro.

 

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